El informe de la CNDH (2001) y los desaparecidos de la guerra sucia

El 27 de noviembre de año 2001 fue presentado el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas que la CNDH se había comprometido, meses antes, a elaborar. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, leyó ante el presidente de la República un informe plagado de episodios estrujantes y definiciones jurídico-políticas, que incomodó

RESEÑA

El 27 de noviembre de año 2001 fue presentado el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas que la CNDH se había comprometido, meses antes, a elaborar. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, leyó ante el presidente de la República un informe plagado de episodios estrujantes y definiciones jurídico-políticas, que incomodó a más de uno en el selecto auditorio, pero que posiblemente inauguró una nueva etapa en la vida política del país.
Más allá de eventuales errores u omisiones del Informe, su significado histórico -como lo pusieron de relieve destacados analistas de la vida política-, es que por vez primera un órgano público del Estado mexicano, la CNDH, no sólo admite, sino documenta un fenómeno por algunos vivido y conocido de primera mano, por muchos otros percibido, fenómeno denunciado públicamente cuando menos desde 1975, pero que siempre había sido negado oficialmente: que durante la década de los setenta y hasta principios de los ochenta del siglo pasado (bajo los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo), autoridades gubernamentales mexicanas llevaron a cabo, de manera sistemática (es decir, como política de gobierno) la práctica de la desaparición forzada de personas. El juicio de la CNDH sobre estos hechos fue implacable: “no hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas y no hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de Derecho”.
Ello ocurrió en el contexto de un enfrentamiento soterrado entre organizaciones (“revolucionarias”) de civiles que habían asumido la lucha armada como método de transformación social, y las corporaciones policíacas y militares responsables (legalmente o de facto) de la seguridad nacional y de la seguridad interior, como la Dirección Federal de Seguridad, en el periodo conocido como la guerra sucia. El signo de ese enfrentamiento fue la violencia de las partes, y en particular la ilegalidad de las acciones y la impunidad de los agentes gubernamentales involucrados, pues el informe documenta de modo irrefutable que, en la inmensa mayoría de las/desapariciones se hicieron sin que mediara orden de aprehensión, no se consignó a los detenidos ante autoridad judicial o ministerial competente alguna (como lo exige la ley), y los autores de estos por ello, beneficiándose así de una absoluta impunidad.
De un total de 532 casos de los que la CNDH tuvo conocimiento, en 275 se comprobó de modo fehaciente -básicamente a través de registros y documentales internos de la llamada Dirección Federal de Seguridad, resguardados en los archivos del CISEN-la intervención de autoridades gubernamentales en la desaparición de esas personas; en otros 97 casos las investigaciones arrojaron fuertes indicios de que habían participado autoridades gubernamentales en su desaparición, sin que éstos llegaran a constituir prueba plena, y en• los casos restantes, 160, la CNDH no encontró evidencias de que, ocurridas las desapariciones, éstas hubieran sido causadas por la intervención de alguna autoridad gubernamental.
Ahora bien, en los casos en que los indicios fueron insuficientes para considerar plenamente acreditada, a juicio de ese organismo público, la desaparición forzada, o incluso en aquellos en los que se estimó que no existían evidencias, la CNDH no cerró los casos, sino que los dejó abiertos a la espera de nuevos elementos que pudieran bien corroborar, bien desacreditar, la desaparición forzada de esas personas. Un dato significativo es que, en todos los casos, se acreditó que las personas reportadas como desaparecidas existieron en realidad, fueron miembros o simpatizantes de grupos armados, o familiares de estos miembros. Esto es importante porque incluso se llegó a negar, por parte de los defensores de la guerra sucia, que tales personas hubieran realmente existido.

DETALLES
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